En el momento del siniestro, el número 56 de la Gran Vía no había cumplido los 50 años de antigüedad que se toman como referencia para la Inspección Técnica de Edificios, un proceso que el Gobierno vasco se ha comprometido a poner en marcha después del verano. Esta circunstancia, unida a la alarma social alimentada por otros incidentes -por fortuna, sin graves consecuencias- llevó a la subárea de Disciplina Urbanística a reforzar las inspecciones de los edificios de la ciudad con independencia de su año de construcción. Hasta entonces, se tramitaban «algo más de 200 expedientes al año», indica Barkala. Un tercio se abrían como consecuencia de actuaciones de los Bomberos por la caída de cascotes, otro por denuncias de ciudadanos y el resto por iniciativa de los propios inspectores, que realizan inspecciones oculares.
El proceso empieza con una inspección ocular, con prismáticos, por parte del jefe de la subárea. Luego un aparejador toma fotografías para comprobar los daños y si es preciso se hace una advertencia a la comunidad. Normalmente se da un plazo de dos meses para realizar los arreglos -según su envergadura puede ampliarse hasta un año- y es habitual que se pidan prórrogas. Si el peligro es inmediato, se avisa a los bomberos. «Nada nos garantiza la seguridad al 100%, pero la inspección ha sido exhaustiva y entendemos que la ciudad tiene una calidad de fachada más que razonable», concluye Barkala. Tras el «arreón» de esta campaña, se harán otros controles «más suaves y planificados en el tiempo».
elcorreo.com
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